Argentina enfrenta precios elevados de bicicletas comparado con otros países, debido a restricciones a la importación y al comercio libre. El país ocupa el segundo lugar en la lista de naciones con bicicletas más caras y el cuarto en cuanto a importaciones per cápita en la región.
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de Argentina se prepara para eliminar en los próximos días las regulaciones técnicas relacionadas con bicicletas, así como con cámaras y cubiertas. Esta decisión busca facilitar la importación y venta de estos productos, con el objetivo de reducir sus precios en el mercado local.
Actualmente, las empresas que importan bicicletas deben enviar anualmente a un certificador autorizado al país de origen del producto, además de importar una muestra para pruebas en laboratorios argentinos. Estos requisitos han generado costos elevados y demoras innecesarias. Los fabricantes nacionales también enfrentan procesos de certificación en planta, contribuyendo a un encarecimiento general.
Estas restricciones han funcionado como barreras a la competencia, lo que ha elevado los precios de las bicicletas en Argentina en comparación con otros mercados internacionales. Entre nueve países con PIB per cápita medio-alto, Argentina es el segundo con los precios más altos para bicicletas. Por ejemplo, una bicicleta Mountain Bike de 29 pulgadas cuesta en Argentina $549.000, mientras que en Francia y Estados Unidos se venden a $261.485 y $244.333, respectivamente (convertido a pesos argentinos).
De acuerdo con datos de 37 países de América Latina y el Caribe, Argentina se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a la menor importación de bicicletas per cápita, con un promedio de alrededor del 10% del consumo total en los últimos años.
La Ley de Defensa del Consumidor será la que garantice la calidad y seguridad de estos productos, responsabilizando a los comercializadores por los derechos de los compradores.
Además, se eliminarán las normativas restrictivas para cámaras y cubiertas de bicicletas, que incluían controles exhaustivos que incrementaban sus costos. Estas normativas requerían certificación de la planta en el país de origen y/o pruebas de productos mediante el envío de muestras, actuando como barreras al comercio. La derogación de estos reglamentos tiene como fin reducir los precios y facilitar la disponibilidad de estos productos en el mercado argentino.
