La “Tasa Covid” de Morón sigue vigente en 2025 a pesar de que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ya finalizó hace tiempo. Las tasas siguen siendo un peso para los ciudadanos y las sucursales bancarias, desatando un fuerte malestar en el sector financiero.
A más de tres años del fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el municipio de Morón sigue cobrando la “Tasa Municipal por COVID-19”. Este tributo, que fue instaurado en 2020 como una medida excepcional, continúa vigente en 2025, con un costo mensual de $2.036.508 por sucursal bancaria. La sorpresa y el descontento se multiplican al comprobar que un impuesto creado para un contexto de crisis sanitaria se mantiene sin cambios, lo que genera una creciente controversia.
Sin embargo, la “Tasa Covid” no es la única que está generando críticas. En 2024, bajo la gestión de Unión por la Patria del intendente Lucas Ghi, se implementó la “Tasa Refuerzo Seguridad”, que se incrementa cada mes y actualmente alcanza los $5.141.735 por sucursal. La acumulación de estos impuestos ha desatado la ira del sector financiero, que denuncia una presión fiscal cada vez más insoportable.
Morón no es un caso aislado. Otros municipios del conurbano bonaerense también enfrentan situaciones similares, con tasas impositivas cada vez más altas para las entidades bancarias. En La Matanza, por ejemplo, el Banco Nación cerró su sucursal en Ramos Mejía, citando las altas tasas municipales como uno de los factores determinantes. En 2024, ese municipio recaudó más de $5.000 millones gracias a la “Tasa por Servicio de Inspección de Seguridad e Higiene”, que aplica un 7,5% sobre los ingresos de cada sucursal bancaria, un porcentaje abismal en comparación con el 0,42% que se cobra en municipios como Tres de Febrero.
El municipio de Lomas de Zamora tampoco escapa a la polémica. Allí, las sucursales deben abonar una tasa mínima de $32 millones por concepto de Inspección, Seguridad e Higiene, además de una tarifa especial para los cajeros automáticos que alcanza hasta $3,3 millones por tres máquinas y $1.075.000 adicionales por cada unidad extra. Un caso aún más escandaloso ocurrió en 2018, cuando un banco pagó $46 millones solo por abrir una sucursal en el centro de Lomas de Zamora, sin importar el volumen de su actividad. Este episodio se encuentra en disputa judicial, con la Corte Suprema de Justicia de la provincia aún evaluando la legalidad de este exorbitante cobro.
La continua aplicación de estas altas tasas fiscales está generando un fuerte malestar en el sector financiero, que advierte sobre los efectos negativos para las sucursales bancarias y para los ciudadanos que utilizan estos servicios, ya que los bancos podrían verse forzados a reducir sus operaciones o incluso cerrar sucursales como consecuencia de los costos insostenibles.
