Una causa judicial por asociación ilícita y defraudación al Estado provincial involucra a Diego Spina, exsecretario de Gobierno de Morón y actual Concejal presidente del Bloque Unión por la Patria. Se le atribuye la implementación de un esquema ilegal para anular infracciones de tránsito, con un perjuicio estimado en más de 11.400 millones de pesos.
El municipio de Morón se ve sacudido por un escándalo judicial que compromete a uno de sus principales referentes políticos del peronismo. Diego Spina, quién hace no mucho fue actual removido del cargo como secretario de gobierno en Morón, que lo llevó a volver a su banca como concejal del bloque de Unión por la Patria, es investigado por su participación en un esquema de corrupción estructural que operaba mediante la anulación irregular de multas de tránsito.
La causa, radicada en la fiscalía N°11 de La Plata bajo la carátula IPP 06-00-066756-24/00, está a cargo del fiscal Álvaro Garganta e incluye cargos por fraude contra la administración pública y asociación ilícita. Spina, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Morón hasta fines de 2024, habría reproducido un modelo similar al que se investiga en el Ministerio de Transporte bonaerense, dirigido por Jorge D’Onofrio.
Según fuentes judiciales, el esquema operaba a través del Juzgado de Faltas local, encabezado por Javier Gustavo Báez. Entre 2022 y 2024, se habría producido una anulación masiva de infracciones a cambio de transferencias bancarias realizadas a intermediarios, según surge del testimonio de gestores y particulares que declararon bajo reserva de identidad.
Los registros judiciales reflejan cifras alarmantes:
- 2022: 11.608 absoluciones sobre 18.154 infracciones (64%), con un perjuicio estimado en $2.329 millones.
- 2023: 16.796 absoluciones sobre 43.334 infracciones (39%), con una defraudación de $3.371 millones.
- 2024: 28.418 absoluciones sobre 40.910 infracciones (69%), con un daño económico que supera los $5.703 millones.
En el expediente se incorporaron pruebas documentales y audiovisuales que describen con precisión el modus operandi. Entre ellas, un video que muestra cómo se ofrecía la eliminación de actas de infracción a través de plataformas digitales a cambio de pagos directos. También se sumaron comprobantes de transferencias, identificaciones de infractores beneficiados y capturas del sistema de infracciones provinciales que confirman la manipulación de datos oficiales.
El caso presenta fuertes vínculos con la investigación que compromete al ministro D’Onofrio y a funcionarios de su cartera, donde también se investiga el presunto cobro de coimas en torno a la Verificación Técnica Vehicular y multas de tránsito. De acuerdo con los investigadores, Spina habría adoptado un mecanismo similar en el ámbito municipal, estableciendo una red de connivencia entre empleados, gestores y funcionarios públicos.
La magnitud del fraude y la articulación entre distintas jurisdicciones han puesto el foco sobre una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos y actores privados con capacidad de influir en decisiones administrativas clave.
