Desde el 11 de octubre, la Secretaría de Industria y Comercio comenzaría a sancionar a las compañías proveedoras que les impongan a los usuarios cargos distintos al objeto del contrato en concepto de tasas municipales.
El Gobierno se prepara para implementar un régimen de sanciones a partir del 11 de octubre, dirigido a las empresas que incluyan en sus facturas cargos correspondientes a tasas e impuestos municipales. La Secretaría de Industria y Comercio iniciará apercibimientos que podrían resultar en multas significativas para aquellas compañías que se resistan a eliminar estos cobros en servicios esenciales como luz y gas.
Fuentes oficiales confirmaron que esta medida busca hacer cumplir la resolución 267/24, aunque podría generar tensiones entre las empresas y los gobiernos locales. Desde esa fecha, se abrirán sumarios a las firmas que incluyan cargos ajenos al contrato acordado con los usuarios. El Gobierno ha dejado claro que su intervención no afecta a las municipalidades, afirmando que su objetivo es regular a las empresas proveedoras.
Además, el Gobierno impugnará los amparos que algunos municipios han presentado en los tribunales. Ejemplos de esto incluyen los casos de Pilar y La Rioja, donde ya se han rechazado medidas cautelares. Según el Ejecutivo, la norma en cuestión sigue vigente para aquellos municipios sin cautelares, enfatizando que no pretende interferir en sus competencias.
En caso de incumplimiento, se abrirá un expediente administrativo que comenzará con un apercibimiento. Las sanciones podrían incluir multas que oscilan entre $374,129 y $1,571,343,900, de acuerdo con la ley de Defensa del Consumidor. Las infracciones podrían resultar también en el decomiso de productos, clausura de establecimientos o incluso suspensión de hasta cinco años en registros de proveedores estatales.
Las empresas de distribución de energía han manifestado que esperan resoluciones complementarias de sus entes reguladores antes de modificar sus facturas, anticipando un posible conflicto con la normativa municipal. Las tasas cobradas, determinadas por convenios con los gobiernos locales, se han convertido en un punto de discordia.
En este contexto, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) publicó un análisis sobre la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH), señalando una “enorme variabilidad” en los cobros entre diferentes municipios. La investigación, que tomó como ejemplo un quiosco con parámetros específicos, reveló que en promedio, los quioscos pagan el 0,45% de su facturación en TISH, aunque esto varía significativamente entre localidades.
La TISH, aunque considerada pequeña en términos de alícuota, representa una fuente de ingresos importante para muchos municipios. Sin embargo, al ser aplicada sobre el monto facturado, se asemeja a un impuesto en cascada, lo que puede generar distorsiones económicas.
Tras la publicación de la resolución del Gobierno, el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) se opuso públicamente, afirmando que las distribuidoras tienen la facultad de incluir diferentes conceptos en sus facturas. Esta postura ha generado críticas sobre la posible inconstitucionalidad de la decisión del Ejecutivo, al afectar la autonomía de los gobiernos provinciales y municipales. Sin embargo, el Gobierno defiende que su regulación se centra únicamente en las empresas proveedoras.
