El juez rechazó el pedido de sobreseimiento del intendente de La Matanza y ordenó elevarlo a juicio por abuso sexual simple contra su exsecretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas. También lo imputó por violar una orden de restricción.
El caso contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, avanza hacia un juicio oral tras la decisión del juez Fernando Mario Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31. La resolución desestimó los argumentos de la defensa –respaldados por la fiscalía– que buscaban archivar la causa y dio lugar a la solicitud de la querella, representada por la víctima.
Rakauskas denunció en 2021 que Espinoza abusó de ella el 10 de mayo de ese año, cuando el funcionario visitó su domicilio bajo el pretexto de tratar asuntos laborales. Según su testimonio, el intendente fingió un dolor de cuello, se desabotonó la camisa y le pidió un masaje. Ante su negativa, Espinoza la habría sujetado de las muñecas, la llevó a una habitación y, pese a sus resistencias, la tocó y besó sin su consentimiento, según consta en el fallo. Finalmente, desistió y se retiró.
El juez Caunedo sostuvo que, aunque no hubo penetración, los actos denunciados no pierden gravedad: “El hecho no carece de entidad ni exime al sistema judicial de investigarlo con la máxima rigurosidad”, afirmó. Además, destacó que desestimar la acusación en esta etapa equivaldría a usurpar la función de un tribunal oral.
Violación de la restricción y presiones
Espinoza también será juzgado por violar una orden de restricción dictada en junio de 2021, que le prohibía acercarse a Rakauskas. La querella alega que el intendente eludió la medida a través de Gustavo Cilia, expareja de la víctima y allegado suyo, quien la instó a retirar la denuncia. Rakauskas declaró que, tras hablar del caso con una compañera, Espinoza la amenazó en su despacho: “Tenés los días contados”.
Controversias y rechazo a los descargos
La defensa de Espinoza intentó desacreditar a la denunciante, señalando que había realizado acusaciones previas contra familiares y su expareja, además de mencionar supuestas grabaciones a hombres casados para extorsionarlos. Los fiscales Mónica Cuñarro y Mauricio Viera adhirieron al pedido de sobreseimiento, argumentando inconsistencias en los audios presentados. Sin embargo, el juez consideró que esas discrepancias deben debatirse en el juicio oral y no justifican cerrar la causa.
En paralelo, avanza una demanda civil en la que ya se agotó la instancia de mediación. Mientras tanto, Espinoza sigue procesado por la jueza María Fabiana Galetti, quien embargó sus bienes por $1.500.000 y confirmó la prohibición de contacto con la víctima, decisión ratificada por la Cámara de Casación Penal.
El delito de “abuso sexual simple” prevé una pena de hasta cuatro años de prisión. El juicio oral pondrá a prueba tanto los testimonios como las pruebas en un debate público.
Un patrón recurrente en el peronismo
El caso de Espinoza no es un hecho aislado dentro del Partido Justicialista. En los últimos años, otras figuras relevantes del espacio han enfrentado acusaciones similares. José Alperovich, exgobernador de Tucumán, cumple una condena de 16 años por violar a su sobrina y exasistente.
También el expresidente Alberto Fernández, además de las investigaciones por corrupción en el escándalo de los seguros, enfrenta denuncias por violencia de género presentadas por su expareja, Fabiola Yañez. Además de numerosos escándalos por encuentros con varias mujeres en la propia residencia presidencial, como así también el nombramiento en cargos a muchas de ellas, entre otros retornos por su compañia.
Incluso en la agrupación kirchnerista La Cámpora, se registraron múltiples casos vinculados al abuso sexual y violencia de genero, que llevo a más de 30 militantes expulsados. Uno de los más resonantes fue el de Jorge Romero, alias “el Loco”, amigo íntimo de Máximo Kirchner y Andrés “el Cuervo” Larroque, quien durante muchos años fue uno de los líderes de La Cámpora y legislador bonaerense, pero las autoridades de la agrupación se vieron obligados a apartarlo por el escándalo provocado por sus acciones.
Según el Observatorio de Acoso Sexual y Violencia de Género en Política (2023), el 61% de los funcionarios argentinos denunciados por estos delitos en la última década pertenecen al peronismo, incluyendo casos con condena firme como el de Alperovich.
Estos antecedentes plantean interrogantes sobre los mecanismos de tolerancia y protección al interior del peronismo cuando se trata de denuncias por abuso sexual, violencia de género o similares. La contradicción es evidente: mientras el peronismo se presenta públicamente como abanderado de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género y protección de las mujeres, la realidad expone la gran brecha entre el discurso y la práctica partidaria.
Expertos consultados señalan que, más allá de las condenas individuales, persiste un patrón de protección institucional cuando los acusados son figuras de peso dentro del peronismo. El desenlace del juicio a Espinoza podría convertirse en un termómetro al respecto.
