El Gobierno Nacional reglamenta que los municipios no podrán cobrarle a los ciudadanos más impuestos y tasas en las facturas de servicios

Surge en respuesta a numerosas denuncias sobre la inclusión de cargos no relacionados con los servicios en las facturas, una práctica que se ha observado en diversos municipios y viola la Ley de Defensa del Consumidor.

El Gobierno Nacional ha implementado una nueva normativa para proteger a los ciudadanos de los cargos adicionales indebidos en las facturas de servicios esenciales como electricidad y gas. A través de la Resolución 267/2024, emitida por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se establece que las facturas de estos servicios deben incluir exclusivamente la descripción y el costo del servicio proporcionado, prohibiendo la inclusión de impuestos y tasas que no correspondan a la prestación del servicio.

La Resolución, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial, detalla que cualquier incumplimiento de esta norma será sancionado conforme a la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificaciones, así como las normativas relacionadas. La medida entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación y las entidades tienen un plazo de treinta días para ajustarse a la nueva regulación.

Esta disposición surge en respuesta a numerosas denuncias sobre la inclusión de cargos no relacionados con los servicios en las facturas, una práctica que se ha observado en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires y en otras localidades del país. Estas prácticas han sido identificadas como una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, que exige a las empresas proveedoras ofrecer información clara, precisa y detallada sobre las condiciones del servicio.

Con esta normativa, el Gobierno busca garantizar una mayor transparencia y simplificación en la facturación de servicios, asegurando que los consumidores no se vean obligados a pagar montos adicionales no relacionados con el servicio recibido. Esta medida está alineada con los objetivos del Gobierno de mejorar la transparencia y proteger la libertad de elección de los consumidores.

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