Gracias a las denuncias de vecinos, seis personas fueron imputadas tras el desmantelamiento de su organización que comercializaba documentos falsos para acceder a planes sociales en Merlo.
La Justicia ha desmantelado una red delictiva en Merlo dedicada a la venta de formularios falsificados destinados a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Estos documentos eran utilizados de manera fraudulenta para acceder a planes sociales. La causa, que se tramita en el ámbito de la Justicia Federal, ya cuenta con seis personas imputadas.
La investigación se inició en enero, tras recibir denuncias de vecinos sobre la comercialización de estos formularios, que incluían firmas y sellos falsificados de profesionales médicos y de instituciones educativas y sanitarias. La denuncia fue presentada por la Oficina Anticorrupción del Municipio de Merlo ante el Juzgado Federal de Morón, lo que llevó a la Fiscalía Federal de Hurlingham, encabezada por el fiscal Santiago Marquevich, a abrir un expediente.
Para verificar la autenticidad de los documentos, se convocó a médicos y representantes de instituciones educativas y sanitarias, quienes confirmaron que las firmas y sellos no eran genuinos, aunque pertenecían a profesionales que trabajaban en esas entidades.
Los formularios eran ofrecidos a precios accesibles, tanto en la vía pública como en las viviendas allanadas, y se comercializaban como herramientas para gestionar beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Con la evidencia recopilada, la jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal N°3 de Morón, autorizó una serie de allanamientos que se llevaron a cabo el pasado jueves en nueve domicilios de Mariano Acosta y Merlo, según informó la policía.
Durante los operativos, la DDI de Morón confiscó 365 formularios de ANSES, sellos de médicos y enfermeros, sellos de hospitales, talonarios de recetas médicas, varios celulares, una notebook y anotaciones relevantes para la investigación.
Los sospechosos, cinco mujeres y un hombre de entre 20 y 35 años, han sido notificados sobre la causa y están imputados por tenencia de documentos destinados a la falsificación, un delito que no conlleva detención. Por lo tanto, no se realizaron arrestos.
El caso ha abierto una nueva línea de investigación centrada en la defraudación a la administración pública, ya que los beneficiarios que presentaron estos formularios falsos ante ANSES podrían ser acusados de estafa.
Fuentes consultadas explicaron: “La defraudación al Estado la comete el usuario que adquiere estos documentos. Una vez que el vendedor entrega los formularios, pierde control sobre su uso. La decisión de presentarlos o desecharlos corresponde al comprador”. También añadieron que “el que comercializa no se beneficia del dinero estatal, sino del particular que los compra, lo que justifica la nueva línea de investigación”.
