El comunicado en apoyo al exministro de Cristina Kirchner condenado por la comprobada defraudación en el caso de la Tragedia de Once generó el rechazo de las víctimas y sus familiares, quienes acusaron a la dirigencia peronista de ignorar el sufrimiento causado.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los ministros Andrés Larroque (Desarrollo) y Walter Correa (Trabajo), y una treintena de intendentes peronistas, firmaron un comunicado en “solidaridad con el compañero Julio De Vido”, quien regresó al penal de Ezeiza tras la confirmación de su condena por defraudación al Estado en el juicio por la Tragedia de Once. Las familias de las víctimas repudiaron esta declaración y acusaron a la dirigencia kirchnerista de ignorar el sufrimiento de los afectados, calificando el gesto de una alarmante “falta de empatía”.
Los firmantes, entre los que se incluyen figuras clave como Alberto y Pablo Descalzo, Damián Selci y Lucas Ghi, expresaron preocupación por la salud del exministro, advirtiendo que “la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”. En este contexto, el petitorio exige que “de manera inmediata reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica” y que “se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria”.
El comunicado también denuncia lo que el kirchnerismo considera una “persecución política”: “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”, afirma el texto.
Sin embargo, este apoyo al condenado De Vido fue fuertemente repudiado por los familiares de las víctimas, quienes ven este tipo de declaraciones como una burla al dolor que padecieron las 52 víctimas de la tragedia del 22 de febrero de 2012. “Nos duele que representantes del pueblo tengan esa falta de empatía. La crueldad expuesta en ese comunicado los define como legisladores, pero sobre todo, como personas”, expresaron en redes sociales.
Recordaron además que Julio De Vido fue condenado a prisión por administración fraudulenta en su rol como ministro de Planificación Federal de los Kirchner, donde fue responsable de la distribución de subsidios a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), sin tomar las medidas necesarias para evitar el desastre ferroviario en Once.
El pasado martes, la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y ratificó la condena. El exministro había solicitado su absolución por prescripción, mientras que el Ministerio Público Fiscal había solicitado un aumento en la pena.
En el marco de esta situación, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli (quien tenía a su cargo, con la SIGEN, el control de los subsidios de TBA), denunció las “gravísimas” condiciones de detención de su marido. Aseguró que el exministro fue encontrado “deshidratado” y sin acceso a sus pertenencias, sin recibir la medicación adecuada para su enfermedad. También señaló que la alimentación proporcionada en prisión, basada en pan y otras harinas, no es apta para una persona con diabetes insulino-dependiente.
Pero para los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, estas denuncias caen en saco roto. “El condenado tiene que cumplir con su pena en una cárcel común, como cualquier otro preso”, afirmó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas del accidente. “Nos vamos a oponer a cualquier intento de otorgarle prisión domiciliaria. Tiene que cumplir los cuatro años de condena tal como corresponde”, remarcó la actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos.
Rey también destacó que “el ser mayor de 70 años no lo exime de ir a prisión”, y subrayó que cualquier problema de salud que pudiera padecer De Vido no debería servir como excusa para que se le otorgue un beneficio que, en su opinión, sería injusto. “Ricardo Jaime, condenado por la misma causa, también tiene más de 70 años y sufre problemas de salud, pero a pesar de ello, se le ha negado la prisión domiciliaria en repetidas ocasiones. De Vido debe cumplir su condena en prisión, sin privilegios”, concluyó.
El comunicado firmado por Kicillof, Larroque y otros referentes del kirchnerismo refuerza la sensación de impunidad que persiste en el espacio político, que a menudo prioriza la protección de sus propios dirigentes, aún cuando se trata de casos de responsabilidad política directa como la Tragedia de Once. Las familias de las víctimas, en cambio, insisten en que la justicia debe prevalecer y que nadie está por encima de la ley, por más que el exministro haya sido parte del círculo de poder más cercano a Cristina Kirchner durante su mandato.
