El Tribunal Oral Federal N.º 4 desestimó la solicitud de prisión domiciliaria del exministro de Planificación Federal, figura clave durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ratificando su condena por la tragedia ferroviaria de Once.
El Tribunal Oral Federal N.º 4 rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro Julio De Vido, quien volverá a prisión para cumplir la condena impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida en 2012.
De Vido fue una de las figuras más influyentes de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015). Durante más de una década al frente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, concentró el manejo de áreas estratégicas como energía, transporte, obras públicas y vivienda, con acceso directo al núcleo de decisiones del poder ejecutivo.
La Justicia lo responsabilizó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que no cumplió con su deber de controlar el destino de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), operadora del Tren Sarmiento, línea involucrada en la tragedia que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
La decisión judicial y el rechazo al pedido de su defensa
La defensa del exministro había solicitado que se le concediera el beneficio del arresto domiciliario, alegando problemas de salud y edad avanzada. Sin embargo, los jueces del TOF N.º 4 resolvieron que no existen fundamentos médicos ni jurídicos suficientes para otorgar la medida, disponiendo así su reingreso a prisión.
Esta resolución se suma al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado la condena por fraude al Estado y habilitado la ejecución efectiva de la pena.
Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente con las muertes y lesiones ocasionadas por el choque ferroviario, la Justicia sostuvo que De Vido omitió controlar el uso de los recursos públicos, pese a los informes que advertían sobre el deterioro y las deficiencias del servicio ferroviario.
Condena firme y sanción definitiva
En 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad penal del exfuncionario kirchnerista y confirmó la condena impuesta, aunque ordenó revisar la extensión de la pena. Finalmente, la sanción quedó establecida en cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con esta decisión, la Justicia pone fin a una extensa causa judicial que marcó un punto de inflexión en la relación entre la gestión pública y el control estatal del transporte durante los años de gobierno kirchnerista.
