Cristina Kirchner y Alberto Fernández dejaron el gobierno con 17 mil viviendas inconclusas y solo un 3% de entrega efectiva. Frente a ese fracaso del Procrear, la gestión de Javier Milei decidió avanzar con la redistribución de unidades abandonadas. En Morón, parte del complejo de El Palomar será destinado al personal de fuerzas de seguridad.
El plan Procrear, creado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner, fue concebido como una herramienta para el acceso a la vivienda a través de créditos y desarrollos urbanísticos. Sin embargo, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina, y bajo el nombre de Procrear II, el programa acumuló serias deficiencias de ejecución. Según cifras oficiales, al 10 de diciembre de 2023 había casi 17 mil viviendas en construcción, de las cuales solo el 3% fueron efectivamente entregadas.
Frente a este escenario de parálisis y desorden administrativo, la actual gestión nacional encabezada por Javier Milei decidió reorientar la política habitacional. El Gobierno eliminó el programa tal como estaba concebido y comenzó un proceso de redistribución de las viviendas, priorizando su asignación al personal de las fuerzas de seguridad federales. La decisión busca no solo poner en uso bienes públicos subutilizados, sino también fortalecer el equipamiento habitacional de quienes cumplen funciones esenciales en la protección ciudadana.
Un paso concreto de esta nueva política se vio recientemente en Avellaneda, donde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, reasignó 160 viviendas del complejo habitacional Sagol a agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Durante el acto de entrega, Bullrich explicó que muchas de estas unidades “terminaban en manos de amigos de la política” en gestiones anteriores, y que el Estado había financiado viviendas cuya devolución por parte de los adjudicatarios ni siquiera cubría el costo real de construcción.
“El Estado no puede seguir sosteniendo planes que fracasan, ni viviendas que quedan vacías o mal asignadas. Es momento de que estos recursos vuelvan a tener función social concreta”, señaló la ministra durante el evento, que contó con fuerte presencia policial.
Ahora, el esquema de reasignación llega al partido de Morón, específicamente al desarrollo urbanístico de El Palomar, uno de los más grandes de la zona oeste. Allí, de las 540 viviendas que componen el complejo, se destinará aproximadamente un tercio a personal de fuerzas federales, incluyendo Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval, Policía Federal y Gendarmería Nacional.
Autoridades locales confirmaron que ya fueron notificadas formalmente por el Gobierno nacional. Indicaron además que las unidades que serán reasignadas no contaban con contratos ni escrituras firmadas, sino con preasignaciones sin validez jurídica, por lo que no hay incumplimientos legales en curso.
Con esta medida, el Gobierno busca evitar que miles de viviendas financiadas con fondos públicos sigan sin uso, inconclusas a pesar de que ya deberían estar terminadas hace años, y que no sean entregadas discrecionalmente de manera partidaria. En lugar de perpetuar el abandono, la estrategia apunta a resolver con criterio operativo una situación de ineficiente gestión.
