Un nuevo acuerdo entre los ministerios de Salud y Justicia permitirá cruzar datos en tiempo real para impedir que profesionales de la salud judicialmente inhabilitados continúen figurando como habilitados en registros oficiales. El objetivo: transparencia, prevención y mayor seguridad para los pacientes.
Un importante avance en materia de transparencia y control en el sistema sanitario se concretó con la firma de un Convenio de Colaboración Institucional entre los Ministerios de Salud y Justicia de la Nación. La iniciativa busca poner fin a una grave falla en los mecanismos de notificación, que permitía que profesionales de la salud con inhabilitaciones judiciales siguieran apareciendo como aptos para ejercer en los registros oficiales.
La medida apunta a establecer una comunicación directa y en tiempo real entre la cartera sanitaria y el Registro Nacional de Reincidencia, organismo dependiente del Poder Judicial. A partir de esta articulación, las sentencias firmes que dispongan la inhabilitación de médicos y otros profesionales de la salud serán registradas sin demoras, permitiendo su inmediata actualización en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), que nuclea las matrículas a nivel nacional.
“El ciudadano podrá acceder a una herramienta clara y confiable para saber si un profesional está o no habilitado para ejercer. Estamos saldando una deuda histórica con la seguridad del paciente”, señaló el ministro de Salud, Mario Lugones, tras la firma del acuerdo. Destacó además que se trata de una acción concreta para mejorar la simetría de la información y proteger derechos fundamentales.
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, remarcó que “hasta ahora, la falta de integración entre el sistema judicial y sanitario permitía que profesionales con condena firme siguieran ejerciendo como si nada ocurriera”. El nuevo sistema, según explicó, habilita la integración de datos judiciales con el sistema sanitario de manera automática, eliminando las demoras que antes podían prolongarse por meses.
El convenio estipula que la información brindada desde el Registro Nacional de Reincidencia se limitará exclusivamente a resoluciones judiciales que dispongan inhabilitaciones profesionales, sin incluir antecedentes penales ajenos al ejercicio de la salud. Tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente por períodos similares, salvo denuncia expresa de alguna de las partes con al menos 60 días de antelación.
El acuerdo surge en respuesta a reiterados problemas detectados en la actualización de la REFEPS, especialmente en lo referido a la carga tardía de fallos judiciales vinculados a la habilitación profesional. Para las autoridades, la solución implementada constituye un paso fundamental hacia una gestión más eficiente y segura, donde la información crítica circule sin trabas entre los organismos responsables.
Con esta nueva herramienta, los argentinos contarán con un mecanismo de consulta más preciso y actualizado, pensado para reforzar la confianza en el sistema de salud y evitar que profesionales inhabilitados por la justicia sigan actuando en ámbitos donde pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas.
