La Justicia inició una investigación sobre Magalí Eva Espinoza, hija del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por el delito de lavado de activos. El motivo de la denuncia se relaciona con una caución de 10 millones de pesos que la mujer pagó para que su padre pudiera viajar a Barcelona, a pesar de estar procesado por abuso sexual.
El caso, que ahora está bajo la lupa del juez federal Ariel Lijo, se originó cuando Espinoza luego de no presentarse a la pericia psiquiátrica que estaba pactada a realizarse por el caso en el que esta procesado, encima el solicitó autorización judicial para viajar a España. El viaje fue avalado por la Cámara Bonaerense tras la presentación de los pasajes y la reserva de su alojamiento para el Congreso Smart City Expo World, celebrado en la ciudad catalana. Sin embargo, el pago de la fianza para la autorización del viaje se realizó desde la cuenta personal de la hija del intendente, lo que despertó sospechas sobre el origen de los fondos.
Magalí Espinoza, monotributista de la categoría más baja, con una facturación mensual de hasta 15.000 pesos según la AFIP, pagó los 10 millones de pesos exigidos para asegurar el viaje de su padre. Esto ha generado interrogantes sobre cómo una persona con tan bajos ingresos pudo disponer de una suma tan elevada. La denuncia también ha puesto bajo la lupa a una empresa vinculada con la familia Espinoza, que según investigaciones previas, facturó con el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. Además, en la sede de la empresa, ubicada en Ciudadela, residiría un familiar cercano del intendente.
Este hecho ocurre en el marco de la causa por abuso sexual en la que Fernando Espinoza está procesado. La defensa de la denunciante, Melody Rakauskas, quien asegura haber sido víctima del abuso por parte del funcionario, ha señalado irregularidades en el proceso, entre ellas, la realización de una pericia psicológica a Espinoza de manera acelerada, en menos de 30 minutos, lo cual, según los expertos, es inusual en este tipo de casos.
La defensa de Rakauskas también ha cuestionado el tratamiento que Espinoza recibe dentro del sistema judicial, destacando que su traslado a los tribunales fue escoltado y protegido de la prensa, lo que ha generado sospechas sobre su trato privilegiado. “Espinoza sigue burlándose de mí y de la justicia argentina”, lamentó la denunciante, quien considera que la impunidad del intendente es evidente.
El viaje de Espinoza, autorizado por la Cámara, fue gestionado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el propio Espinoza. A pesar de que el viaje tenía fines oficiales, la querella sostiene que el intendente se “invitó a sí mismo” al evento. Según la documentación presentada en la causa, los costos del viaje fueron elevados: los pasajes de avión, adquiridos en clase premium, costaron 1.500.000 pesos, y el hospedaje en el Hotel Catalonia Resorts de Barcelona, un alojamiento de lujo, sumó otros 6 millones de pesos. La Federación se encargó de cubrir estos gastos, lo que ha generado más controversia en torno al uso de fondos públicos.
Por otro lado, la víctima ha señalado lo que considera un trato desigual en el proceso judicial, denunciando que mientras Espinoza recibe protección y apoyo, ella sigue siendo objeto de persecución mediática y judicial. “La pelea parece una batalla entre David y Goliat”, afirmó Marcelo Urra, abogado de Rakauskas, quien expresó su desconfianza ante las decisiones judiciales que favorecen al intendente.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y se espera que la justicia determine si hay elementos suficientes para vincular a Magalí Espinoza con actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos, un delito que podría poner en jaque no solo a la hija del intendente, sino también a la propia familia Espinoza.
