Dos hombres fueron aprehendidos tras perpetrar robos, y resulto que uno de ellos es un oficial de la Policía. Él y su cómplice dejaron a las víctimas despojadas de sus pertenencias mientras se dirigían a la parada de transporte público.
En un episodio que ha sacudido a la comunidad de La Matanza, un agente de la Policía de la Ciudad fue arrestado después de una intensa persecución que siguió a dos robos en rápida sucesión en la localidad de Laferrere. Los delitos ocurrieron en las intersecciones de Risso Patrón y Obligado, y Valentín Gómez y Echeverría, con una brecha de solo diez minutos entre ambos.
Los implicados, identificados como Diego Alejandro Ribarik, oficial con legajo 29.321, y su cómplice civil, Marcelo Ricardo Morales Pisani, viajaban en una moto Honda Tornado 250. Según las investigaciones, Ribarik conducía el vehículo mientras que Morales bajaba y amenazaba a las víctimas con un arma de fuego. Aunque ambos enfrentan las mismas acusaciones, el carácter de su colaboración en los delitos es motivo de análisis judicial.
La captura de los sospechosos se produjo después de que uno de los jóvenes asaltados alertara a un patrullero que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona. La rápida respuesta del Comando de Patrullas, que implementó un operativo cerrojo en coordinación con el Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio, fue crucial para interceptar a los delincuentes en las cercanías de las calles Valentín Gómez y Beethoven.
En el registro de la moto, las autoridades hallaron un arsenal que incluía el arma reglamentaria del oficial, equipada con 15 balas en su cargador, así como cuatro mochilas, varios teléfonos celulares, billeteras, dinero en efectivo, y el DNI de una de las víctimas. Estos objetos revelan la magnitud de la ola delictiva en la que estaban involucrados.
Ambos detenidos han sido puestos a disposición del fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Laferrere, enfrentando cargos por robo agravado en concurso real con abuso de arma. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, lo que pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas de seguridad y la confianza pública en la Policía.
